LA MINISTRA DE TRABAJO HA TRASLADADO A LA INSPECCIÓN SU INTENCIÓN DE REFORZAR NORMATIVAMENTE

su actuación para controlar las irregularidades en materia salarial y en los despidos colectivos. Unos cambios que se ampararán dentro del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021-2023 actualmente en elaboración. Las reformas legales para dotar de una mayor legitimidad jurídica a los inspectores, incluye cambios en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para castigar los incumplimientos salariales. Según otras fuentes, también se podrían plantear modificaciones en la regulación de la jurisdicción de lo social. Eso permitiría, por ejemplo, que los jueces de lo social pidan informes a la Inspección en materias como la modificación sustancial de las condiciones de Trabajo y en lo referente a ERE o Ertes.