LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN AL INFORMANTE ACARREARÁ NUEVAS CARGAS ADMINISTRATIVAS Y SOBRECOSTES PARA LAS EMPRESAS

Hoy entra en vigor esta nueva Ley, que obliga a todas las empresas de 50 o más trabajadores a crear un buzón o canal de denuncias sobre posibles infracciones o casos de corrupción que se detecten en su seno. Además de suponer un incremento de las cargas y los costes para las empresas afectadas (las compañías con más de 50 empleados rondan las 24.700 según datos del INE de 2022), puede acarrear severas sanciones económicas, con multas de entre 1.001 € para las infracciones leves y hasta un millón en los casos más graves. En este contexto, muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, podrían tener que recurrir a servicios externos para implementar su canal, con el gasto que ello conllevaría, convirtiendo la nueva obligación legal en un apetitoso nicho de mercado para las firmas especializadas.